La activista trans Azul Rojas Marín fue detenida este jueves durante un allanamiento en el distrito La Esperanza, en Trujillo (La Libertad), por presuntamente “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva. El hecho se da dos semanas después de que quedara firme la condena contra tres policías por las torturas y agresiones sexuales que sufrió en 2008, un caso emblemático que llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La activista fue sorprendida por policías y militares durante un allanamiento en la vivienda donde residía, donde un agente le informó que existía una orden de ubicación y captura en su contra por una condena vinculada a cargos de organización criminal, de acuerdo con imágenes difundidas por medios locales.
Infobae Perú no obtuvo respuesta de la abogada que la representa. Sin embargo, en enero pasado Rojas Marín esperaba que la Corte Suprema resolviera el recurso para suspender la ejecución de su condena de ocho años de prisión, un proceso que su defensa considera “manchado por irregularidades y falta de pruebas”.
La activista y referente de la comunidad LGTBI, quien permanecía en la clandestinidad desde hace casi dos años, recibió la sentencia de un tribunal de Trujillo, la misma ciudad donde la Justicia desoyó su denuncia por violación y tortura.
En enero de 2019, las autoridades allanaron su vivienda y el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas. El pedido fue rechazado en tres oportunidades hasta que quedó absuelta. Tres meses después, fue implicada en el mismo caso, esta vez bajo la imputación de organización criminal.
De acuerdo con la acusación, se le atribuye el rol de “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva, además de “ocultarlos de las autoridades, y ayudar a guardar armas, municiones, celulares y notas extorsivas”, cargos que ella rechaza de manera rotunda. La sentencia se confirmó en segunda instancia y pasó a casación por “ilogicidad en la motivación”.
“No hay lógica en la motivación de la sentencia. No existen pruebas ni hechos que respalden la acusación de pertenecer a una organización criminal. No hay audios, llamadas, ni vínculos que me impliquen. Me señalan como colaboradora, algo que no está tipificado y carece de fundamento”, dijo entonces a este medio a través de un enlace telefónico.
“Para ser parte de una organización criminal se requieren pruebas claras y coordinación, pero no hay nada que lo demuestre. Con los mismos hechos por los que fui absuelta de tenencia ilegal de armas, ahora me acusan de organización criminal”, añadió.
La activista, cuya formación en Derecho ha quedado interrumpida, señaló que, pese a que en diciembre pasado los agentes que la abusaron fueron condenados a 17 años de cárcel, no puede acceder a una verdadera reparación debido a su situación jurídica.
Agregó que uno de los jueces que revocó su libertad fue el mismo magistrado que, años atrás, favoreció a los policías (Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León) responsables de la tortura que vivió en una comisaría. “Se vengó, porque siempre decía que se iba a vengar”, sostuvo.
La orden de captura le impide acceder a atención médica y retomar sus estudios universitarios. “Mi salud se está deteriorando cada día más. Todo esto me impide seguir haciendo mi vida”, denunció desde el lugar desconocido donde estaba en ese momento.