El doble terremoto que sacudió La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio dejó miles de víctimas entre fallecidos, heridos y damnificados. La tragedia volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en los países ubicados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud?
En el caso peruano, las imágenes despertaron un inevitable recuerdo del terremoto de Pisco de 2007, que alcanzó una magnitud de 8.0 MW y una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli. A casi dos décadas del desastre, aún persisten viviendas sin reforzar y brechas en prevención, infraestructura y planificación.
La preocupación no es menor. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reiteró que los estudios científicos advierten desde hace años sobre la posibilidad de un terremoto de hasta 8.8 MW frente a la costa central, similar al sismo que destruyó Lima y Callao en 1746. Para los especialistas, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo.
Frente a este escenario, el ingeniero estructural Christian Asmat Garaycochea, perito adscrito al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó a Infobae Perú cuáles son las principales lecciones que el país debería extraer de experiencias como las de Japón, Chile o México.
Lo que el Perú aún tiene pendientes frente a un gran terremoto
Los terremotos cambian de país, de magnitud y de contexto, pero sus consecuencias suelen seguir patrones similares. Más allá de las diferencias geográficas o económicas, los mayores desastres comparten problemas que se repiten: edificaciones vulnerables, servicios básicos interrumpidos y una respuesta que muchas veces resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.
Asmat recordó que el Perú no es una excepción dentro de los países con alta actividad sísmica. “En México, Chile, Japón y Perú, entre 2010 y 2026, han ocurrido en promedio siete sismos de más de 7 grados de magnitud de momento en cada país”, sostuvo. También explicó que los sismos superiores a 6.5 grados corresponden a magnitud de momento y no a la escala Richter, debido a su gran intensidad.
El especialista advirtió, sin embargo, un punto que vuelve la amenaza particularmente sensible en el caso peruano: “nunca ninguno de esos siete ha ocurrido frente a Lima”, en una capital donde, además, existe un sistema de gobierno “muy centralizado”. En ese escenario, consideró, si la ciudad no “siente” la gravedad de un gran terremoto, el riesgo puede no convertirse en una política pública sostenida.
Infraestructura crítica y continuidad de servicios
Asmat indicó que un terremoto no solo destruye edificios: también puede paralizar servicios esenciales como agua, desagüe, electricidad, transporte y comunicaciones. Recordó que situaciones similares ya se vieron en eventos asociados a fenómenos climáticos en el Perú, como el fenómeno El Niño de 2017, cuando la interrupción de servicios básicos generó crisis prolongadas en distintas zonas urbanas.
“También están los daños funcionales, como la pérdida de carreteras y la interrupción del transporte, las comunicaciones y el abastecimiento: con los servicios pasa algo similar; hace unos años tuvimos un problema con el fenómeno del Niño(…), en ese entonces, atravesamos una situación muy complicada porque no teníamos agua ni desagüe”, afirmó a este medio.
El ingeniero añadió que un patrón común en los terremotos destructivos es la ausencia de preparación previa en infraestructura crítica y la falta de continuidad en políticas de prevención. Señaló que muchos países solo corrigen sus normas después de sufrir grandes desastres, lo que genera un ciclo repetitivo de aprendizaje tardío.
Por qué actualizar las normas de construcción puede salvar vidas
Uno de los factores que más influye en el nivel de daño durante un terremoto es la calidad de las normas de construcción y su actualización. Asmat explicó que los reglamentos sismorresistentes no pueden mantenerse estáticos, ya que cada gran evento aporta nueva información sobre el comportamiento de las estructuras.
Mencionó el caso de Ecuador, donde el terremoto de 2016 evidenció que gran parte de las edificaciones había sido diseñada con normas desactualizadas durante más de una década. Algo similar, señaló, ocurrió en Venezuela, donde el reglamento vigente tenía más de 20 años sin modificaciones significativas.
En el caso del Perú, recordó que tras el terremoto de Pisco de 2007 se utilizaban normas que no incorporaban lecciones recientes de eventos internacionales. Posteriormente, el país actualizó su reglamento en 2018 y nuevamente en 2026, lo que reflejó un proceso de mejora, aunque todavía insuficiente frente a la velocidad con la que evoluciona el conocimiento técnico.
El especialista sostuvo que las normas sismorresistentes deben actualizarse con mayor frecuencia, en especial en países ubicados en zonas de subducción activa como el Perú. Indicó que, después del terremoto de Chile de 2010, la ingeniería sísmica avanzó de manera sustantiva en la comprensión del comportamiento estructural.
Advirtió, de todos modos, que la existencia de normas modernas no garantiza seguridad si no se aplican correctamente en el proceso de construcción y supervisión.
La informalidad y la autoconstrucción, los mayores riesgos ante un gran terremoto
Para el especialista, el principal problema estructural del Perú continúa siendo la autoconstrucción y la informalidad. “con estos números se espera pues un 70 o 60% de las viviendas que puedan estar colapsadas y eso puede generar realmente un desastre”, afirmó durante la entrevista.
Aunque reconoció que también existen deficiencias de supervisión dentro de la construcción formal, consideró que el riesgo es mayor en las edificaciones levantadas sin participación de profesionales.
“Nuestras construcciones informales, vale decir, las construidas por maestros de obra u operarios, están pensadas siempre para la carga de gravedad, para la carga del peso, pero no para acciones sísmicas“, precisó.
A esa informalidad se suma otro factor que también alcanza a obras formales: la supervisión deficiente. Asmat sostuvo que el país no se caracteriza por un control de calidad constante y que, en viviendas, pocas empresas recurren a una supervisión para un control exhaustivo. En su planteo, el diseño con norma vigente y procesos estrictos pueden ayudar, pero dependen, entre otros puntos, de revisiones que puedan darse en municipalidades. Sin ese filtro, incluso la construcción formal puede quedar expuesta.
En ese terreno, introdujo además un componente que, sostuvo, aparece en distintos distritos: la corrupción. También señaló que, en el caso venezolano, parte de lo ocurrido estaría relacionado con deficiencias de diseño y supervisión en viviendas residenciales, algo que fue expuesto por una firma de consultores de gestión de riesgos sísmicos. Para Asmat, esas fallas elevan la vulnerabilidad de viviendas y edificaciones en general.
Como alternativa para combatir la autoconstrucción, mencionó experiencias en Chile, Ecuador y Singapur orientadas a enfrentar la informalidad. Y planteó una posibilidad para el Perú: aprovechar programas y concursos que generan proyectos de vivienda social de bajo costo, evaluados por profesionales, y evitar que queden sin ejecutarse mediante campañas o programas que permitan aplicarlos.
El reto no termina cuando deja de temblar
Más allá del colapso de viviendas, uno de los mayores desafíos para el Perú ante un gran terremoto es la continuidad de los servicios esenciales. Asmat enumeró escenarios posibles: techos colapsados en mercados, interrupción de accesos, caída de torres de comunicaciones, problemas de agua, desagüe y electricidad, además de un frente de seguridad que puede agravarse si las personas quedan expuestas en la vía pública.
El desafío, sostuvo, también alcanza a los rescatistas: “necesitan equipos, necesitan luz, necesitan accesos” y, en algunos casos, maquinaria. Recordó que, en el terremoto de Pisco de 2007, la empresa privada aportó equipamiento, pero subrayó que todo eso requiere organización.
Ante ese panorama, planteó una pregunta que, según su evaluación, sigue abierta: quién se encarga de esa responsabilidad por servicios o daños funcionales. Y apuntó a Indeci: consideró que se debe evaluar si está preparado, reconocer fortalezas y debilidades, y poner “mucho ojo y énfasis” en su función.
La cultura sísmica que el Perú todavía necesita fortalecer
Asmat sostuvo que la educación preventiva debe cambiar la forma en que se entiende un simulacro. Para él, no basta con evacuar, ya que un sismo de gran magnitud no permite caminar con normalidad. En videos de terremotos —mencionó el caso venezolano— se observa a personas que intentan salir; cuando llega la onda “que genera más remezón”, se caen y se accidentan en escaleras. Por eso insistió en una idea que, dijo, los países con cultura sismorresistente ya manejan: durante el terremoto, evacuar puede ser inviable.
En esa línea, puso ejemplos de Japón: personas que abrazan columnas porque, de lo contrario, el movimiento las desplaza. Y planteó la necesidad de reconocer, al llegar a un establecimiento, dónde ubicarse para protegerse. Mencionó el triángulo de la vida como un concepto poco conocido y sugirió incorporarlo como información complementaria en la cobertura.
Aterrizó esa discusión en una guía práctica para identificar espacios más seguros, sobre todo en pisos altos. “Los muros de concreto armado son los elementos que realmente afrontan la parte sísmica”, señaló, y precisó que suelen encontrarse en zonas de escaleras y ascensores. Colocarse al costado de esos núcleos, sostuvo, puede implicar menos movimiento y mayor seguridad.
Mencionó también un espacio que suele ser ignorado en la conversación pública: los baños pequeños y compactos. En su experiencia, afirmó, allí se ha encontrado a más personas con vida porque son espacios confinados donde el techo “no suele caerse” y se genera una “caja” más segura.
