El gobierno de Keiko Fujimori no tendrá luna de miel. La convulsión política que promueven sus rivales, una economía operando por debajo de su potencial y los probables estragos de un Fenómeno del Niño severo demandarán respuestas inmediatas y simultáneas. Durante la campaña, su principal ventaja frente a un adversario que generaba desconfianza entre los inversionistas fue su promesa de solvencia técnica y capacidad de convocatoria. Esa apuesta debe traducirse desde el inicio en capacidad de gestión, algo a lo que los peruanos, lamentablemente, nos hemos desacostumbrado. Esa exigencia encierra también una oportunidad. Las siguientes reflexiones recogen mis aportes al proyecto Agenda 2026 del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Fujimori no necesita convencer a los mercados de que respetará el marco macroeconómico que ha generado crecimiento y reducido la pobreza en el Perú. Pero este marco está atrofiado por el desgaste fiscal que el Consejo Fiscal ha documentado con creciente alarma. Advierte que solo las leyes aprobadas en marzo de 2026 generan obligaciones permanentes de más de S/ 11 mil millones anuales y que el incremento en planillas y pensiones este año podría superar los S/ 17 mil millones, cuatro veces el promedio histórico. Revertir ese deterioro es necesario para que recursos hoy expectantes encuentren usos productivos.
El deterioro fiscal reciente no obedeció solo a fallas de gestión, sino también a una grave distorsión de la arquitectura institucional. La caprichosa interpretación que el Tribunal Constitucional dio al artículo 79 —que impide a los congresistas tener iniciativa para crear o incrementar gasto público— abrió una puerta por la que pasaron, con entusiasmo, los peores instintos del populismo legislativo. El Consejo Fiscal señala que el Ejecutivo saliente fue cómplice del problema: 29 leyes con impacto fiscal adverso fueron promulgadas sin observación alguna y tres más fueron aprobadas por insistencia, sin que el gobierno llevara ninguna ante el TC. En campaña, el equipo técnico de Fujimori fue explícito al señalar que esa puerta debía cerrarse. Afortunadamente, el TC corrigió recientemente aquel error.
Es una excelente noticia: el próximo gobierno ya no tendrá que invertir capital político en reparar ese daño institucional. Podrá concentrar esos recursos en impulsar medidas concretas para recuperar la prudencia fiscal: frenar nuevas leyes de gasto sin sustento y, sobre todo, promover la pronta derogación de algunas de las normas más costosas de los últimos años, antes de que generen efectos presupuestales irreversibles.
Además, puede retomarse la prudencia y austeridad fiscal sin renunciar al estímulo económico que busca todo nuevo gobierno. El Perú ya destina a inversión pública el 5% del PBI, muy por encima del promedio de la OCDE, pero demasiados recursos quedan atrapados en proyectos que no generan impacto. Cada nueva iniciativa que una unidad ejecutora suma a su cartera incrementa significativamente la probabilidad de que las obras ya iniciadas pierdan financiamiento. Lejos de ser excepcional, el 80% de los proyectos nuevos que ingresan al presupuesto mediante aprobación del Congreso lo hacen mientras otros siguen en ejecución. El resultado es un cementerio de obras inconclusas: según el Banco Mundial, el 45% de los proyectos iniciados desde 2012 han sido abandonados y su valor excede el 17% del PBI.
Un “shock de gestión pública” en los primeros cien días debería levantar un riguroso inventario de proyectos estancados, establecer criterios de priorización y exigir rendición de cuentas a los gobiernos subnacionales. Es una tarea que un MEF timorato y sin autoridad política ha eludido durante años. De reactivarse esa inversión, el impulso sobre la actividad económica, sobre todo en las regiones, sería considerable, sin aumentar el presupuesto.
Recuperar la capacidad de gestión, ordenar la casa y ejercer liderazgo son las señales que observarán los mercados, los ciudadanos y los propios aliados políticos del nuevo gobierno. Nada de eso cuesta un sol adicional. Demostrar que el Estado peruano puede volver a ser un aliado del crecimiento económico, en lugar de un obstáculo, sería un activo para un gobierno que ganó las elecciones, pero aún tiene que ganarse a la gente.
