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Las estafas cometidas mediante plataformas digitales continúan bajo seguimiento de las autoridades debido al incremento de denuncias relacionadas con la comercialización fraudulenta de productos tecnológicos a través de internet. Las investigaciones fiscales y policiales muestran que las redes sociales también pueden convertirse en un medio para captar compradores mediante ofertas que aparentan ser legítimas.

En este contexto, el Ministerio Público informó una sentencia obtenida contra un joven acusado de utilizar una cuenta en TikTok para ofrecer celulares de alta gama sin cumplir con las entregas prometidas. El caso también incluyó la obtención de información personal de los compradores para ejecutar otras acciones ilícitas relacionadas con los equipos adquiridos.

La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro (Primer Despacho), dirigida por el fiscal provincial Ángel Ubaldo Gonzáles Farfán, obtuvo una condena de nueve años y dos meses de prisión efectiva contra Dan Fernández, de 25 años, por los delitos de estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el sentenciado utilizó una cuenta en la red social TikTok para promocionar la venta de equipos electrónicos, entre ellos iPhone 14, sin entregar posteriormente los dispositivos ofrecidos. La investigación fiscal permitió establecer un total de diez personas agraviadas.

La resolución judicial también dispuso el pago de S/ 7950 por concepto de reparación civil a favor de las víctimas y de la empresa Bitel.

La aceptación de responsabilidad permitió una terminación anticipada

El Ministerio Público precisó que la sentencia se obtuvo mediante la figura de terminación anticipada. Este mecanismo permitió concluir el proceso después de que Dan Fernández aceptó su responsabilidad penal por los hechos investigados.

Con esa decisión, el Poder Judicial impuso la pena privativa de libertad y la reparación económica correspondiente, conforme al acuerdo alcanzado dentro del proceso penal.

La Fiscalía indicó que esta modalidad procesal permitió resolver el caso sin necesidad de desarrollar un juicio oral completo, luego del reconocimiento de los delitos por parte del acusado.

Según los hechos comprobados durante la investigación fiscal, el condenado recibía los pagos por los celulares promocionados en TikTok y posteriormente obtenía información personal de los compradores.

Con esos datos, efectuaba reportes falsos de robo de los equipos ante la empresa operadora, lo que provocaba el bloqueo de los dispositivos adquiridos por las víctimas.

El Ministerio Público sostuvo que este procedimiento formó parte del esquema utilizado para perjudicar a quienes confiaban en las publicaciones realizadas mediante la red social.

Allanamiento permitió incautación de decenas de tarjetas SIM

Como parte de las diligencias desarrolladas durante la investigación, las autoridades ejecutaron un allanamiento y una detención preliminar contra Dan Fernández en marzo de este año.

Durante esa intervención, los agentes incautaron 52 tarjetas SIM activadas. Ese material pasó a formar parte de los elementos recopilados por la Fiscalía para sustentar la acusación por posesión ilegítima de chips de telefonía.

La sentencia incluye este delito junto con la estafa agravada y la suplantación de identidad, infracciones contempladas dentro de la investigación desarrollada por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia.

El caso también motivó una investigación policial previa

Antes de la sentencia, la Policía Nacional del Perú desarrolló una investigación sobre las actividades del creador de contenido conocido en redes sociales con el alias de “Fake”. Según las pesquisas policiales difundidas entonces, el investigado utilizaba transmisiones en vivo en TikTok para captar audiencia mientras ofrecía celulares, tablets y otros equipos tecnológicos a precios inferiores a los del mercado.

Las indagaciones policiales señalaban que los pagos se efectuaban mediante depósitos bancarios y que, después de concretar las ventas, los compradores encontraban sus equipos bloqueados. En esa etapa inicial de la investigación se reportó un número mayor de posibles afectados, aunque la investigación fiscal consiguió acreditar diez agraviados para sustentar la condena obtenida.

Durante el operativo policial también se incautaron diversos objetos, entre ellos teléfonos celulares, un lector biométrico, una tablet y tarjetas SIM. Un agente explicó el mecanismo investigado: “Los otros integrantes le proveían tarjetas SIM card, cuentas de diferentes entidades bancarias donde se realizaban los depósitos. Lector biométrico, es decir, que se activaban estos chips suplantando la identidad de personas”.

¿Quién es ‘Fake’ y cómo era su modus operandi?

En internet, Fernández Ramos adoptó el alias de “Fake”. En sus perfiles aparecía con lentes de sol y una gorra que cubría parte de su rostro. Ese estilo integraba el personaje que presentaba en transmisiones en vivo, seguidas por usuarios que reaccionaban a cada interacción.

En una de esas emisiones se escuchó la dinámica que caracterizaba su contenido: “Aló, mi amor. [risas] Aló, gordita. ¿Cómo que quién es?”. La persona al otro lado de la línea respondió confundida: “¿Cómo que no sabes quién es?”. Ese tipo de escenas atraía espectadores en tiempo real.

Un informe policial sostuvo que el creador de contenido utilizaba esas transmisiones como una vitrina para fortalecer su imagen digital. La investigación señaló que el influencer ofrecía equipos tecnológicos a precios muy por debajo del mercado, entre ellos iPhone, tablets y otros dispositivos electrónicos.

Las ofertas empezaban desde 850 soles, una cifra que despertaba interés en redes sociales. Muchos compradores realizaban depósitos bancarios con la expectativa de recibir equipos de alta gama a bajo costo. Según la policía, el fraude se completaba cuando el vendedor bloqueaba el chip de los celulares entregados o vendidos en línea, lo que dejaba los dispositivos sin funcionamiento.

Las autoridades sostienen que el esquema incluía la venta de acceso a información personal de ciudadanos registrados en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por montos bajos a través de internet.

Para comenzar, licúa el culantro con un poco de agua hasta obtener una pasta suave, que será la clave para darle el color verde al arroz. Luego, se cortan en cubos pequeños una cebolla y la zanahoria. El pollo se dora en una olla para sellarlo y que conserve su jugosidad. A continuación, se cocina la cebolla en la misma olla para aprovechar los jugos del pollo, se agrega el ajo, ají amarillo y un cubo de sabor, lo que refuerza el umami en el plato. Se incorpora la pasta de culantro, y tras unos minutos, regresas las presas de pollo junto con el agua. El arroz se agrega cuando el pollo esté a medio cocer, permitiendo que absorba los sabores del aderezo y las verduras.

Tiempo de preparación

Este plato demora aproximadamente 80 minutos en total. El tiempo se distribuye así:

• Sellar el pollo: 10 minutos.
• Preparación del aderezo: 15 minutos.
• Cocción del pollo: 15 minutos.
• Cocción del arroz: 20-25 minutos.
• Descanso y mezcla final: 10 minutos.

Ingredientes

• 4 piernas de pollo.
• 2 tazas de arroz blanco.
• 3 tazas de agua.
• 3 cebollas rojas.
• 1 taza de culantro deshojado.
• 1 zanahoria.
• ½ taza de arvejas.
• ½ taza de choclo desgranado.
• 1 cucharadita de ajo molido.
• 4 cucharadas de ají amarillo molido.
• 4 cucharadas de aceite vegetal.
• 1 pizca de sal.
• 2 limones.
• 1 tomate.
• Hojas de culantro adicionales para decorar.

Cómo hacer arroz con pollo, paso a paso

• Licuar el culantro con un poco de agua hasta formar una pasta. Reservar.
• Cortar una cebolla y la zanahoria en cubos pequeños.
• En una olla grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo por ambos lados. Retirar y reservar.
• En la misma olla, freír la cebolla durante 5 minutos, aprovechando los sabores del pollo. Añadir el ajo y el ají amarillo. Cocinar 5 minutos más.
• Agregar la pasta de culantro licuada y cocinar por 2 minutos adicionales.
• Regresar las presas de pollo a la olla, añadir las 3 tazas de agua y cocinar por 15 minutos a fuego medio.
• Retirar las presas de pollo y añadir el arroz previamente lavado, junto con las arvejas, zanahoria y choclo. Cocinar a fuego medio por 10 minutos.
• Regresar las presas de pollo y terminar de cocinar a fuego bajo por 5 minutos más, hasta que el arroz esté cocido.
• Para la zarza criolla, cortar las cebollas restantes en juliana, el tomate en gajos y mezclar con el jugo de los limones, sal y culantro picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con los ingredientes mencionados, esta receta rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

• Calorías: 610.3 kcal
• Carbohidratos: 98.8 g
• Grasas: 16.8 g
• Proteínas: 16.3 g
• Fibra: 6.5 g
• Sodio: 782.6 mg
• Azúcares: 6.2 g
• Grasas saturadas: 2.1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El arroz con pollo se puede conservar en la nevera por hasta 3 días, siempre cubierto o en un recipiente hermético para evitar que absorba otros olores del refrigerador.

Ya el Poder Ejecutivo y las confederaciones de trabajadores estatales han firmado el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, que incluye aumentos salariales para la diversidad de regímenes laborales del Estado.

Es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin embargo, el que tiene que mover el dinero para asegurar estos pagos. Así, ya esta entidad ha comunicado oficialmente que se darán estos aumentos, que consideran un aumento de S/125 como monto más común de incremento entre los niveles de gobierno y diferentes regímenes. Pero habrán algunos que recibirán aún un monto mayor, así como también menor.

• Reciben S/ 60,00: trabajadores del del Gob. Nacional y Regionales de 1) Leg. N° 728 de entidades con nuevas escalas remunerativas desde el 2023, 2) D. Leg. N° 1057 (CAS) con ingreso mayor a S/ 4.364,19 y 3) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil
• Reciben S/ 105,00: trabajadores del Gob. Nacional y Regionales del D. Leg. N° 276 por Escala Base del Incentivo Único – CAFAE
• Reciben S/ 117,00: trabajadores del Gob. Nacional y Regionales del D. Leg. N° 276 por Monto Único Consolidado (MUC)
• Reciben S/ 125,00: trabajadores del Gob. Nacional y Regionales de 1) D. Leg. N° 728 de entidades sin nuevas escalas remunerativas desde el 2023, 2) D. Leg. N° 1057 (CAS) con ingreso mayor a S/ 2.364,19 y menor o igual a S/ 4.364,19 y 3) Ley N° 31991, Cuerpo de Guardaparques; y trabajadores de Gobiernos Locales de 4) D. Leg. N° 276 y 5) D. Leg. N° 1057 (CAS)
• Reciben S/ 150,00: trabajadores de Gobiernos Locales del D. Leg. N° 728
• Reciben S/ 153,00: trabajadores del Gob. Nacional y Regionales del D. Leg. N° 1057 (CAS) con ingreso mensual menor o igual a S/ 2.364,19.

MEF comunica aumentos

“La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, pone en conocimiento que el 30 de junio de 2026 se suscribió el convenio colectivo a nivel centralizado 2026-2027 entre la Representación Empleadora del Estado Peruano y la Representación Sindical integrada por las confederaciones estatales CITE – UNASSE – CTE PERÚ – CONFETEP Y CONASEP, en el marco de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal”, comunicó el MEF oficialmente.

Así, en este se adoptaron acuerdos en materia de ingresos de personal que entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027. Además de los aumentos ya detallados anteriormente, la comunicación del MEF resalta el “establecimiento de una nueva Remuneración Integra Mensual que consolida los conceptos de ingresos aprobados en la negociación colectiva centralizada celebrados en los años 2022, 2023, 2024 y 2025 para los servidores de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria”.

De igual manera, si bien los aumentos para los gobiernos regionales y nacional serán financiados con el monto destinado del espacio fiscal qu estableció el MEF durante la negociación colectiva, los de los gobiernos locales serán financiados “con los ingresos de cada municipalidad”

Ahora toca la negociación descentralizada

Tras el acuerdo a nivel centralizado, ahora los sindicatos podrán empezar la negociación colectiva descentralizada.

Ante esto, el MEF recuerda a las entidades del sector público que “en el marco de la Ley N° 31188 y el D.S. N° 008-2022-PCM que regulan la negociación colectiva en el sector estatal, aquellas materias ya pactadas en el convenio colectivo a nivel centralizado (incrementos remunerativos y/o conceptos de carácter remunerativo, bajo cualquier denominación) no podrán ser objeto de negociación en el nivel descentralizado en los ámbitos por entidad, territorial u aquel que la organización sindical considere pertinente”.

“Finalmente, se precisa que de acuerdo con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, todo proceso de negociación colectiva o proceso de arbitraje laboral se sujeta al cumplimiento de las normas de la Administración Financiera del Sector Público, respetando estrictamente los principios de equilibrio y programación multianual, las reglas macrofiscales y las reglas para la estabilidad presupuestaria para cada año fiscal, bajo responsabilidad”, aclaran.

Como se sabe, esta nueva negociación se dará a pocas semanas de que entre Keiko Fujimori como nueva presidenta de la República.

El expeleador de artes marciales mixtas Jackson Mora Rodríguez, conocido como “Terco Mora” y exesposo de Tilsa Lozano, enfrenta una de las acusaciones más graves de su historial, tras ser vinculado con el presunto robo de casi 10 millones de soles de los fondos de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), cámaras de videovigilancia habrían registrado al empresario junto a un presunto cómplice durante la transferencia millonaria, mientras la Fiscalía lo investiga por fraude informático, banda criminal y lavado de activos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez Cahuana, quien alertó sobre el retiro irregular de fondos municipales. De acuerdo con la información difundida por Magaly TV La Firme y confirmada por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri, la transferencia de 9’984,793 soles fue realizada a la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, vinculada a Mora.

Las pesquisas señalan que el 23 de abril, cámaras de seguridad captaron a Mora cerca de una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP) en La Aurora, Miraflores, acompañado de su hermana Noelia Mora Rodríguez (“Nora”) y de David Mesones Mazzini, en el mismo momento en que la suma ilícita ingresaba a la cuenta de su compañía.

Según la Segunda Fiscalía Penal de La Molina, Mora habría impreso y presentado facturas con contenido falso en el banco para solicitar la emisión de diez cheques de gerencia, con el propósito de legitimar presuntos servicios prestados por FFC MMA SAC a la municipalidad y justificar la venta de bienes inexistentes. La empresa figura en registros oficiales como proveedora de obras para el distrito de Pueblo Nuevo, pero el Ministerio Público sospecha que se trata de una fachada creada para canalizar fondos públicos de manera fraudulenta.

Datos que refuerzan acusación

Un dato que refuerza la acusación es que, tras la transferencia, la cuenta de Mora mantuvo un saldo superior a los 800 mil soles, mientras que el resto del dinero fue transferido a cuentas de otras empresas investigadas por la PNP. En total, la policía logró recuperar más de ocho millones de soles que habían sido enviados a dos compañías de fachada, aunque una parte de los fondos aún no ha sido recuperada.

La lista de detenidos incluye, además de Jackson Mora y su hermana, a Daniel Jesús Mesones Mazzini (“Jechu”) y César Antonio Nepo Zolla, propietario de una oficina en la torre Polo Junto II, presuntamente utilizada como base operativa y vinculada a la congresista Jeny López. También figuran en el proceso Giovani Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Chauca Tantaleán, Marcio Gonzales Upiachihua, Fiorella Milagros Gallo Roncaya, Máximo Salomón Ojeda Cisneros, Karla Vílchez Rodríguez y Álvaro Vacacela Rodríguez, todos señalados como posibles miembros de la red dedicada al fraude y lavado de activos.

El abogado penalista Andy Carrión explicó a Trome que, de confirmarse la responsabilidad penal de Mora, la condena podría superar los 20 años de prisión. “Fraude informático tiene una pena no menor de 3 años ni mayor a 8 años. Banda criminal es más leve que organización criminal: va de 4 a 8 años. Lavado de activos es el más grave: hasta 15 años. Es posible sumar las penas si se trata de conductas distintas. Fraude y lavado deberían sumarse. El de banda podría subsumirse en los dos. Es decir, serían 15 más 8, lo que daría una pena de 23 años”, detalló el especialista.

El caso ha generado gran repercusión debido al monto sustraído y a la participación de figuras conocidas en el delito. La Fiscalía busca determinar el grado de implicancia de cada uno de los detenidos y establecer si existió una organización estructurada para defraudar los fondos públicos, así como la ruta que siguió el dinero una vez transferido.

La investigación continúa con la revisión de contratos, testimonios y la colaboración de entidades financieras. El proceso judicial podría extenderse en función de los hallazgos y de la información que aporten los implicados.

El doble terremoto que sacudió La Guaira, en Venezuela, el pasado 24 de junio dejó miles de víctimas entre fallecidos, heridos y damnificados. La tragedia volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en los países ubicados sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico: ¿estamos realmente preparados para enfrentar un sismo de gran magnitud?

En el caso peruano, las imágenes despertaron un inevitable recuerdo del terremoto de Pisco de 2007, que alcanzó una magnitud de 8.0 MW y una intensidad máxima de IX en la escala de Mercalli. A casi dos décadas del desastre, aún persisten viviendas sin reforzar y brechas en prevención, infraestructura y planificación.

La preocupación no es menor. El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, reiteró que los estudios científicos advierten desde hace años sobre la posibilidad de un terremoto de hasta 8.8 MW frente a la costa central, similar al sismo que destruyó Lima y Callao en 1746. Para los especialistas, la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo.

Frente a este escenario, el ingeniero estructural Christian Asmat Garaycochea, perito adscrito al Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explicó a Infobae Perú cuáles son las principales lecciones que el país debería extraer de experiencias como las de Japón, Chile o México.

Lo que el Perú aún tiene pendientes frente a un gran terremoto

Los terremotos cambian de país, de magnitud y de contexto, pero sus consecuencias suelen seguir patrones similares. Más allá de las diferencias geográficas o económicas, los mayores desastres comparten problemas que se repiten: edificaciones vulnerables, servicios básicos interrumpidos y una respuesta que muchas veces resulta insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.

Asmat recordó que el Perú no es una excepción dentro de los países con alta actividad sísmica. “En México, Chile, Japón y Perú, entre 2010 y 2026, han ocurrido en promedio siete sismos de más de 7 grados de magnitud de momento en cada país”, sostuvo. También explicó que los sismos superiores a 6.5 grados corresponden a magnitud de momento y no a la escala Richter, debido a su gran intensidad.

El especialista advirtió, sin embargo, un punto que vuelve la amenaza particularmente sensible en el caso peruano: “nunca ninguno de esos siete ha ocurrido frente a Lima”, en una capital donde, además, existe un sistema de gobierno “muy centralizado”. En ese escenario, consideró, si la ciudad no “siente” la gravedad de un gran terremoto, el riesgo puede no convertirse en una política pública sostenida.

Infraestructura crítica y continuidad de servicios

Asmat indicó que un terremoto no solo destruye edificios: también puede paralizar servicios esenciales como agua, desagüe, electricidad, transporte y comunicaciones. Recordó que situaciones similares ya se vieron en eventos asociados a fenómenos climáticos en el Perú, como el fenómeno El Niño de 2017, cuando la interrupción de servicios básicos generó crisis prolongadas en distintas zonas urbanas.

“También están los daños funcionales, como la pérdida de carreteras y la interrupción del transporte, las comunicaciones y el abastecimiento: con los servicios pasa algo similar; hace unos años tuvimos un problema con el fenómeno del Niño(…), en ese entonces, atravesamos una situación muy complicada porque no teníamos agua ni desagüe”, afirmó a este medio.

El ingeniero añadió que un patrón común en los terremotos destructivos es la ausencia de preparación previa en infraestructura crítica y la falta de continuidad en políticas de prevención. Señaló que muchos países solo corrigen sus normas después de sufrir grandes desastres, lo que genera un ciclo repetitivo de aprendizaje tardío.

Por qué actualizar las normas de construcción puede salvar vidas

Uno de los factores que más influye en el nivel de daño durante un terremoto es la calidad de las normas de construcción y su actualización. Asmat explicó que los reglamentos sismorresistentes no pueden mantenerse estáticos, ya que cada gran evento aporta nueva información sobre el comportamiento de las estructuras.

Mencionó el caso de Ecuador, donde el terremoto de 2016 evidenció que gran parte de las edificaciones había sido diseñada con normas desactualizadas durante más de una década. Algo similar, señaló, ocurrió en Venezuela, donde el reglamento vigente tenía más de 20 años sin modificaciones significativas.

En el caso del Perú, recordó que tras el terremoto de Pisco de 2007 se utilizaban normas que no incorporaban lecciones recientes de eventos internacionales. Posteriormente, el país actualizó su reglamento en 2018 y nuevamente en 2026, lo que reflejó un proceso de mejora, aunque todavía insuficiente frente a la velocidad con la que evoluciona el conocimiento técnico.

El especialista sostuvo que las normas sismorresistentes deben actualizarse con mayor frecuencia, en especial en países ubicados en zonas de subducción activa como el Perú. Indicó que, después del terremoto de Chile de 2010, la ingeniería sísmica avanzó de manera sustantiva en la comprensión del comportamiento estructural.

Advirtió, de todos modos, que la existencia de normas modernas no garantiza seguridad si no se aplican correctamente en el proceso de construcción y supervisión.

La informalidad y la autoconstrucción, los mayores riesgos ante un gran terremoto

Para el especialista, el principal problema estructural del Perú continúa siendo la autoconstrucción y la informalidad. “con estos números se espera pues un 70 o 60% de las viviendas que puedan estar colapsadas y eso puede generar realmente un desastre”, afirmó durante la entrevista.

Aunque reconoció que también existen deficiencias de supervisión dentro de la construcción formal, consideró que el riesgo es mayor en las edificaciones levantadas sin participación de profesionales.

“Nuestras construcciones informales, vale decir, las construidas por maestros de obra u operarios, están pensadas siempre para la carga de gravedad, para la carga del peso, pero no para acciones sísmicas“, precisó.

A esa informalidad se suma otro factor que también alcanza a obras formales: la supervisión deficiente. Asmat sostuvo que el país no se caracteriza por un control de calidad constante y que, en viviendas, pocas empresas recurren a una supervisión para un control exhaustivo. En su planteo, el diseño con norma vigente y procesos estrictos pueden ayudar, pero dependen, entre otros puntos, de revisiones que puedan darse en municipalidades. Sin ese filtro, incluso la construcción formal puede quedar expuesta.

En ese terreno, introdujo además un componente que, sostuvo, aparece en distintos distritos: la corrupción. También señaló que, en el caso venezolano, parte de lo ocurrido estaría relacionado con deficiencias de diseño y supervisión en viviendas residenciales, algo que fue expuesto por una firma de consultores de gestión de riesgos sísmicos. Para Asmat, esas fallas elevan la vulnerabilidad de viviendas y edificaciones en general.

Como alternativa para combatir la autoconstrucción, mencionó experiencias en Chile, Ecuador y Singapur orientadas a enfrentar la informalidad. Y planteó una posibilidad para el Perú: aprovechar programas y concursos que generan proyectos de vivienda social de bajo costo, evaluados por profesionales, y evitar que queden sin ejecutarse mediante campañas o programas que permitan aplicarlos.

El reto no termina cuando deja de temblar

Más allá del colapso de viviendas, uno de los mayores desafíos para el Perú ante un gran terremoto es la continuidad de los servicios esenciales. Asmat enumeró escenarios posibles: techos colapsados en mercados, interrupción de accesos, caída de torres de comunicaciones, problemas de agua, desagüe y electricidad, además de un frente de seguridad que puede agravarse si las personas quedan expuestas en la vía pública.

El desafío, sostuvo, también alcanza a los rescatistas: “necesitan equipos, necesitan luz, necesitan accesos” y, en algunos casos, maquinaria. Recordó que, en el terremoto de Pisco de 2007, la empresa privada aportó equipamiento, pero subrayó que todo eso requiere organización.

Ante ese panorama, planteó una pregunta que, según su evaluación, sigue abierta: quién se encarga de esa responsabilidad por servicios o daños funcionales. Y apuntó a Indeci: consideró que se debe evaluar si está preparado, reconocer fortalezas y debilidades, y poner “mucho ojo y énfasis” en su función.

La cultura sísmica que el Perú todavía necesita fortalecer

Asmat sostuvo que la educación preventiva debe cambiar la forma en que se entiende un simulacro. Para él, no basta con evacuar, ya que un sismo de gran magnitud no permite caminar con normalidad. En videos de terremotos —mencionó el caso venezolano— se observa a personas que intentan salir; cuando llega la onda “que genera más remezón”, se caen y se accidentan en escaleras. Por eso insistió en una idea que, dijo, los países con cultura sismorresistente ya manejan: durante el terremoto, evacuar puede ser inviable.

En esa línea, puso ejemplos de Japón: personas que abrazan columnas porque, de lo contrario, el movimiento las desplaza. Y planteó la necesidad de reconocer, al llegar a un establecimiento, dónde ubicarse para protegerse. Mencionó el triángulo de la vida como un concepto poco conocido y sugirió incorporarlo como información complementaria en la cobertura.

Aterrizó esa discusión en una guía práctica para identificar espacios más seguros, sobre todo en pisos altos. “Los muros de concreto armado son los elementos que realmente afrontan la parte sísmica”, señaló, y precisó que suelen encontrarse en zonas de escaleras y ascensores. Colocarse al costado de esos núcleos, sostuvo, puede implicar menos movimiento y mayor seguridad.

Mencionó también un espacio que suele ser ignorado en la conversación pública: los baños pequeños y compactos. En su experiencia, afirmó, allí se ha encontrado a más personas con vida porque son espacios confinados donde el techo “no suele caerse” y se genera una “caja” más segura.

A pocas semanas de la asunción del gobierno de Keiko Fujimori, prevista para el 28 de julio, y mientras los organismos especializados mantienen la alerta por la continuidad del Fenómeno El Niño Costero y el probable desarrollo de un Fenómeno El Niño en el Pacífico central durante los próximos meses, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió al Ejecutivo de José María Balcázar adoptar medidas inmediatas de prevención y mitigación para reducir el impacto de un eventual escenario climático adverso.

El presidente ANGR, Luis Ernesto Neyra León, exhortó al Gobierno de transición a no postergar las medidas de prevención hasta la llegada de la nueva administración, al advertir que el país ya enfrenta un episodio de El Niño costero y que las condiciones oceánicas podrían agravarse hacia un Fenómeno El Niño global en los próximos meses.

“Ya estamos en un fenómeno de El Niño costero, pero probablemente se calienten más las aguas en la zona 1+2 y 3.4 y podamos tener un fenómeno de El Niño global. Necesitamos tomar medidas, no esperar al nuevo gobierno. Desde ahora se deben iniciar todos los trabajos de mitigación y prevención que puedan culminarse hasta fin de año”, manifestó el también gobernador regional de Piura.

La demanda de la ANGR se produce en un contexto de preocupación por la capacidad de respuesta del Estado frente a eventuales lluvias intensas e inundaciones. En una nota de prensa, la institución recordó que el traslado de obras inconclusas de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) hacia los gobiernos regionales, tras la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), no ha sido suficiente para garantizar una adecuada prevención del riesgo de desastres.

Piden presupuesto y continuidad de proyectos

Además de las medidas frente al fenómeno climático, Neyra solicitó que el Ejecutivo instruya a los ministerios para incorporar los proyectos priorizados por los gobiernos regionales y garantice la continuidad de las principales obras de inversión en todo el país.

“Usted debe dar la orden de que haya presupuesto para los diferentes proyectos de las diferentes regiones del país. Por eso hemos venido aquí”, expresó durante la sesión del Consejo de Estado Regional.

La ANGR también reiteró su preocupación por el Proyecto de Ley N.° 14799 de Crédito Suplementario 2026, al señalar que destina a los gobiernos regionales menos del 10 % de los recursos ordinarios para inversiones, por lo que insistió en asegurar el financiamiento de obras estratégicas previamente sustentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Destacan ejecución presupuestal regional

En otro momento de su discurso, Neyra resaltó el nivel de ejecución presupuestal alcanzado por las actuales autoridades regionales, atribuyéndolo al trabajo coordinado entre el Ejecutivo y los gobiernos subnacionales mediante los Consejos de Estado Regional.

“Anteriormente los gobiernos regionales no superaban el 60 % de ejecución presupuestal. Esta camada de gobernadores y gobernadoras ha logrado superar el 92 %, algo histórico en el Perú”, afirmó.

El presidente de la ANGR sostuvo que ese avance demuestra la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno y expresó su expectativa de que el décimo Consejo de Estado Regional concluya con acuerdos concretos.

“Queremos respuestas positivas por parte del Ejecutivo. De acá al 28 de julio aún podemos tener resultados positivos para nuestro país”, enfatizó.

Gobierno aprueba S/300 millones para enfrentar El Niño

Hace unos días, el Gobierno de transición aprobó una asignación extraordinaria de S/300 millones para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente al Fenómeno El Niño, recursos que se suman a las medidas ya previstas para atender la emergencia climática. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el dinero será destinado a proyectos prioritarios de reducción del riesgo de desastres, con el objetivo de acelerar obras de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante posibles lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno.

Además, el Ejecutivo informó que el país cuenta con más de US$2.000 millones en fondos contingentes para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño y gestiona un crédito adicional por US$500 millones con organismos internacionales para ampliar el respaldo financiero. Según el MEF, estas acciones buscan asegurar la continuidad de las intervenciones de prevención y dejar encaminadas las medidas que deberá ejecutar la próxima administración frente al riesgo climático.

Un total de 10.000 detonantes de presunta fabricación boliviana, valorizados en S/195.000, fueron incautados en Cusco durante un operativo conjunto de las autoridades. El material explosivo era transportado sin documentos que acreditaran su ingreso legal al país y, según las primeras investigaciones, podría estar destinado a actividades de minería ilegal.

La intervención estuvo a cargo de oficiales de Aduanas de la SUNAT, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, quienes emplearon un escáner móvil para revisar una encomienda procedente de Juliaca. El hallazgo encendió las alertas debido a que este tipo de accesorios suele ser utilizado en actividades extractivas que requieren explosivos.

Las autoridades informaron que los detonantes podrían estar destinados a operaciones de minería ilegal. Tras la intervención, el caso fue comunicado al Ministerio Público, mientras que el material quedó bajo custodia de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para las investigaciones correspondientes.

Escáner móvil permitió detectar cargamento de detonantes extranjeros

La incautación se produjo durante las acciones de control desarrolladas en los almacenes de una empresa de transporte de carga en Cusco. Según informó la SUNAT, los agentes utilizaron un escáner móvil para inspeccionar la carga y detectaron una caja de cartón cuyo contenido resultó sospechoso.

Al revisar la encomienda, encontraron 10.000 detonantes Riocap de origen boliviano ocultos en el interior del paquete. La mercancía había sido enviada desde Juliaca y era transportada sin documentos que acreditaran su importación o ingreso legal al territorio peruano.

De acuerdo con la Sucamec, los accesorios para el uso de material explosivo fueron retirados de circulación como parte de un operativo conjunto en el que también participó la Policía Nacional del Perú. La intervención buscó reforzar los controles para prevenir el transporte y la comercialización ilegal de explosivos y materiales relacionados.

Tras la incautación, las autoridades comunicaron el hallazgo al Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes. Asimismo, los detonantes fueron internados en los almacenes de la Sucamec, entidad competente para su custodia y evaluación mientras avanzan las investigaciones.

Cargamento incautado podría estar destinado a la minería ilegal

La SUNAT advirtió que el cargamento podría haber estado destinado a actividades de minería ilegal, debido a que este tipo de detonantes es empleado para la fragmentación de roca en explotaciones mineras.

Aunque las investigaciones continúan para determinar el destino final de la mercancía y la identidad de los responsables, las autoridades consideran que impedir el traslado de estos materiales reduce el riesgo de que sean utilizados en operaciones clandestinas.

La minería ilegal representa uno de los principales mercados para el uso irregular de explosivos en distintas regiones del país. El transporte sin autorización de detonantes constituye una infracción grave, ya que estos materiales requieren controles estrictos por el riesgo que representan para la seguridad pública.

El operativo también evidencia el fortalecimiento de las acciones conjuntas entre la SUNAT, la Policía Nacional y la Sucamec para combatir el tráfico de explosivos, una actividad que suele estar asociada a otras economías ilícitas.

Estudio advierte el avance conjunto de la minería ilegal y el narcotráfico

El decomiso ocurre en un contexto marcado por el crecimiento de las economías ilegales en el país. Un reciente informe titulado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, elaborado por Amazon Watch junto con organizaciones indígenas, advierte que la minería ilegal y el narcotráfico ya operan como una estructura criminal integrada.

La investigación sostiene que ambas actividades dejaron de actuar por separado y hoy comparten rutas, infraestructura y mecanismos financieros. Entre 2014 y 2024, las economías ilícitas habrían movilizado al menos US$13.341 millones en el Perú, de los cuales aproximadamente US$7.810 millones corresponderían a la minería ilegal, superando incluso los ingresos del tráfico de drogas.

El estudio explica que el dinero generado por el narcotráfico financia operaciones extractivas ilegales, mientras que el oro obtenido ilícitamente sirve para lavar activos provenientes de diversas actividades criminales. Además, identifica corredores estratégicos donde estas redes han fortalecido su presencia, como Madre de Dios, Ucayali, Huánuco y la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los investigadores también alertan sobre el impacto de estas organizaciones en comunidades indígenas y ecosistemas amazónicos. Según el informe, la expansión de la minería ilegal ha provocado miles de hectáreas de deforestación y ha favorecido el ingreso de organizaciones criminales transnacionales, lo que refuerza la necesidad de intensificar los controles sobre explosivos y otros insumos que podrían abastecer estas actividades ilícitas.

Al menos tres ministerio no se pronuncian aún sobre el pago de las gratificaciones a los trabajadores CAS en julio y ya vienen siendo consultados por sindicatos para que se informe y se cumpla con el pago de este derecho labora, ya aprobado y vigente por la Ley 32563.

Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso otorgar gradualidad a la Ley, que haría que este 2026 se pagara solo el 10% de la gratificación, con un mínimo de S/300, para recién pagar el 100% hacia el 2030. Pero el Congreso retiró esta propuesta, que estaba incluida en el proyecto del crédito suplementario, que ya se aprobó.

Así, si bien el Congreso y el Ejecutivo han señalado que buscarán otra propuesta para aplicar la Ley 32563 sin afectar la sostenibilidad fiscal, mientas no lo hagan, los sindicatos consideran que dado que la Ley está vigente, los ministerios deben informar cómo se hará el pago del 100%, que es el que queda vigente. Al menos, tres de estos han sido instados a que se viabilice el beneficio: una UGEL el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio del Ambiente.

Presionan por gratificación

Por un lado, el sindicato Sitracas UGEL03 ha solicitado a esta entidad, bajo el Ministerio de Educación, a que tome las acciones respectivas para el pago de la gratificación de los trabajadores CAS este mes de julio. Así, bajo carta notarial le ha dado 10 días hábiles para que se de una respuesta sobre el cumplimiento de esta Ley. Como se recuerda, el pago debe equivaler al 100% de la remuneración que reciben el trabajador.

Lo que piden estos trabajadores es:

• Que cumplan con ejecutar el mandato contenido en la Ley N.° 32563 respecto del personal CAS
• Que dispongan la emisión de los actos administrativos necesarios para el reconocimiento y pago de la Gratificación del 100% y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para todo el personal CAS
• Que informen por escrito a esta organización sindical las medidas concretas adoptadas para dar cumplimiento a la referida ley.

Asimismo, el Sutcas del Ministerio del Ambiente ha requerido formalmente a esta entidad a que cumpla esta Ley y señalan que han sido remitidos varios documentos para solicitar la información sobre estos pagos.

El Sitma (sindicato de trabajadores del Midagri) también ha instado al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a aplicar la Ley, y si no lo hacen amenazan con una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial.

Se cayó la gradualidad en el Congreso

Cabe recordar que la Comisión de Presupuesto y Cuenta general del Congreso le dio la espalda al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la gradualidad de la Ley.

El presidente de este grupo de trabajo Alejandro Soto Reyes informó que a pedido de varios congresistas retiró la disposición que limitaba el pago de las gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, que aprobó el mismo Congreso con la Ley 32563.

Esto, dado que la comisión encontró “preocupación legítima” en este pedido y ahora el pago de la gratificación de los CAS este año (el primer pago vendría en julio) queda al 100% de la remuneración de cada trabajador, como estaba en la ley original.

Está pendiente, sin embargo, la propuesta para asegurar el pago de la gratificación que elaboraría la comisión, pero igual considerando la sostenibilidad fiscal. Como se recuerda, una propuesta del congresista Diego Bazán, de Renovación Popular había sido presentada a esta comisión y daría el 50% del monto de la ‘grati’ a los CAS. Sin embargo, el tiempo se agota para este Congreso unicameral y la medida queda en el limbo.

Tres sujetos que se hicieron pasar por empleados de la empresa estatal de agua lograron ingresar a una vivienda en el distrito del Callao y cometieron un robo bajo un elaborado engaño. El incidente afectó a Verónica, una mujer de 75 años, quien quedó en estado de shock tras el asalto perpetrado por individuos que portaban uniformes y credenciales aparentemente auténticas de Sedapal.

Cámaras registran el modus operandi

De acuerdo con el reporte de América Noticias, los delincuentes se presentaron ante la víctima identificándose como trabajadores de Sedapal. Para convencerla, mostraron fotochecks y vestimenta similar a la utilizada por el personal de la empresa. Según relató una vecina que la asistió tras el hecho, los sujetos ingresaron a la vivienda bajo el pretexto de realizar una revisión del sistema de desagüe, una situación que generó confianza en la adulta mayor.

“Aparentemente se identifican como trabajadores de Sedapal, le conversan a ella y accede a dejarles entrar a la casa para poder revisar. Le enseñan su fotocheck y todo eso”. La afectada, quien vive junto a su hijo pero se encontraba sola en ese momento, no sospechó del engaño hasta que descubrió el robo minutos después.

Uno de los hombres ingresó primero y argumentó que debía aplicar un producto químico en los desagües. Mientras tanto, otros dos se sumaron al interior de la casa. En todo momento, dos de ellos mantuvieron ocupada a la propietaria, mientras el tercero, identificado por su casco verde, entró por una puerta que dejaron entreabierta.

Durante la maniobra, uno de los sujetos se mantuvo en comunicación constante por teléfono, lo que sugiere que coordinaba los movimientos dentro y fuera de la vivienda.

Mientras la señora era distraída entre los ambientes del baño y la cocina, el ladrón tuvo tiempo de buscar objetos de valor.

Roban suma de dinero

La suma sustraída ascendió a varios miles de soles, dinero que la señora había reservado para saldar un préstamo pendiente. Los delincuentes abandonaron la vivienda tras asegurarle que regresarían a “verificar si el producto hacía efecto”. Solo entonces la víctima notó que su cuarto estaba revuelto y que el dinero había desaparecido.

“El dinero iba a ser destinado a pagar una deuda. Era un préstamo que tenía y lo iba a pagar en los próximos días, por eso lo tenía en la casa”, confirmó la vecina. La víctima, presa del miedo y la confusión, requirió asistencia de sus allegados y permaneció afectada emocionalmente tras el asalto.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a los sujetos caminando por la calle Cartagena antes de interceptar a la señora cuando ingresaba a su domicilio.

Comunicado de Sedapal

Sedapal informó que todas las inspecciones a domicilios de usuarios se realizan de forma programada y con notificación previa. El personal autorizado lleva fotocheck institucional, uniforme y credenciales visibles de la empresa, además del Documento Nacional de Identidad, que debe ser presentado obligatoriamente.

La empresa también aclaró que no realiza cobros por inspecciones o visitas técnicas en viviendas y ningún trabajador está autorizado a solicitar dinero. Sedapal recomendó a la ciudadanía denunciar cualquier situación sospechosa y verificar siempre la identidad del personal antes de permitir el ingreso a sus viviendas.

La designación de Marco Vinelli como jefe del equipo de transición de Keiko Fujimori ha puesto el foco en un perfil eminentemente técnico, poco conocido fuera del ámbito empresarial y académico, pero con amplia trayectoria en el sector agroindustrial. La decisión de Fujimori destaca por priorizar la experiencia en gestión corporativa y el conocimiento de políticas públicas vinculadas a la economía agrícola.

Trayectoria profesional y formación académica

Marco Vinelli es economista con una Maestría en Administración Estratégica de Empresas (MBA) y otra en Finanzas. Actualmente ocupa el cargo de gerente general en Allpu, una empresa dedicada a la agroexportación. Desde esa posición, ha dirigido estrategias de crecimiento y expansión de mercados, consolidando su experiencia en gestión empresarial y desarrollo de proyectos.

Según su historial profesional, Vinelli suma más de quince años en cargos de dirección ejecutiva, gerencia general, planificación y presupuesto, además de haber liderado proyectos de inversión pública y privada. Su especialización en la elaboración y ejecución de planes de negocio y en la gestión financiera lo posiciona como referente en el sector agroindustrial, considerado uno de los motores de las exportaciones peruanas.

Labor docente y producción académica

El perfil académico de Vinelli se caracteriza por una intensa labor como docente universitario y de programas de especialización. Ha impartido cursos y diplomados en áreas como Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OxI), Invierte.pe, sistema tributario peruano, evaluación privada de proyectos agroindustriales, finanzas, gerencia de agronegocios y desarrollo sostenible. También ha participado como profesor en programas de maestría enfocados en administración de agronegocios y sostenibilidad.

Entre sus publicaciones recientes destacan títulos como Elasticidad de la demanda y oferta en productos agrícolas del Perú (junio de 2025), La importancia de impulsar el desarrollo de políticas agropecuarias en el Perú y Latinoamérica (diciembre de 2024) y Financiamiento agropecuario para los pequeños agricultores del Perú (septiembre de 2024). En años previos, ha abordado temas como infraestructura de riego, inversión pública en agricultura, cambio climático, fenómeno de El Niño y crisis alimentaria.

Especialista en políticas agropecuarias y mecanismos de inversión

Durante los últimos años, Vinelli ha sostenido una presencia constante como analista y articulista especializado en economía agrícola, infraestructura y financiamiento rural. Su enfoque revela una orientación hacia el fortalecimiento de la competitividad del sector agrícola a través de la inversión, modernización y la promoción de herramientas como las APP, Obras por Impuestos e Invierte.pe. Este conocimiento resulta relevante para la articulación entre el Estado y la inversión privada, aspecto clave en los procesos de transición gubernamental.

En sus análisis recientes, Vinelli ha planteado la necesidad de impulsar políticas para el financiamiento de pequeños agricultores y la implementación de carteras de inversión público-privadas. Además, ha resaltado oportunidades para la sostenibilidad económica en proyectos como el cáñamo industrial y las finanzas verdes.

Un perfil técnico para el proceso de transición

La elección de Marco Vinelli para liderar el equipo de transición de Keiko Fujimori responde a la búsqueda de un perfil técnico y especializado, alejado del protagonismo político tradicional. Su experiencia se ha desarrollado principalmente en el ámbito empresarial y académico, con énfasis en gestión pública, evaluación de inversiones, planificación estratégica y desarrollo agroindustrial.

El vínculo de Vinelli con la agroexportación y su capacidad para integrar mecanismos de colaboración entre el sector público y el privado lo ubican como un actor clave en la etapa de transición. Su trayectoria combina la gestión de empresas, la docencia universitaria y la producción de análisis económico, elementos que marcan la apuesta de Fujimori por un equipo con conocimiento profundo de uno de los sectores más dinámicos de la economía peruana.